El Consejo de la Juventud de Cantabria presenta los datos del Observatorio Joven de Vivienda (OBJOVI) del cuarto trimestre de 2010

Una persona joven en España debería destinar el 51,9% de su sueldo para poder comprar una vivienda. La diferencia entre salario e ingresos necesarios para la compra de una casa es del 73% y la tasa de emancipación de los y las jóvenes se sitúa en el 45,6%

Más de la mitad de su sueldo neto, concretamente el 51,9%, debería reservar una persona joven en nuestro país para hacer frente al pago inicial de una hipoteca media. Éste es uno de los datos que ofrece el último boletín del Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de la Juventud de España correspondiente al cuarto trimestre de 2010.

Por provincias, nos encontramos por encima de la media a Vizcaya con un 68%, Barcelona con un 67,1%, Guipúzcoa con un 66,3%, Balears con un 63,1%, Madrid con un 61,5%, Cantabria con un 57,4%, y Málaga con un 55,4%; por debajo están Lleida con un 36,6%, Lugo con un 34,8%, Badajoz con un 33,1%, Cáceres con un 32,2%, Ciudad Real y Cuenca con un 32,1%, y, por último, Teruel con un 29,5%.

Otro dato revelador de este informe, y que pone de nuevo encima de la mesa la dificultad del acceso de los jóvenes a la vivienda, es la diferencia entre los ingresos reales y los ingresos mínimos necesarios para poder comprar una casa. De media, el estudio refleja que los y las jóvenes en España cobran un 73% menos de lo que deberían cobrar para poder convertirse en propietarios de una vivienda, sin sobrepasar el umbral máximo de endeudamiento aceptado por las entidades financieras del 30%; o lo que es lo mismo, deberían cobrar en torno a los 27.000€ anuales, es decir, unos 2.250€ mensuales.

Por último, el informe nos ofrece la superficie máxima que ha de tener el piso al que una persona joven puede aspirar en nuestro país sin sobre endeudarse, teniendo en cuenta el salario que cobra. Si hablamos de compra, esta superficie sería de 57,8 m2, y si nos referimos a alquiler sería de 45,4 m2.

Emancipación de la población joven

En comparación con los tres primeros trimestres del año, el 2010 concluye con una detención en la progresiva caída que estaba registrando la tasa de emancipación domiciliaria de la población joven en España. Así, entre el tercer y cuarto trimestre de 2010 el porcentaje de personas jóvenes que han logrado abandonar su hogar de origen se ha mantenido en el 45,6%.

En Cantabria

Cantabria es la única comunidad autónoma en la que el coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad para una persona joven y para un hogar joven ha aumentado a la par durante el último año, un 0,17% y un 2,78%, respectivamente.

Esta peculiaridad es un reflejo de su extrema vulnerabilidad económica: en comparación con el cuarto trimestre del 2009, la cifra de personas jóvenes en Cantabria que están desempleadas o son inactivas ha aumentado un 13,85% y los ingresos netos de los hogares jóvenes se han reducido un 1,81%.

Todo ello, mientras los precios de venta de las viviendas libres se han encarecido un 3,10% y se mantienen las fuertes restricciones en el crédito hipotecario.

En consecuencia, y a diferencia de lo que ha sucedido en el conjunto de España, han ascendido los ingresos mínimos que permitirían destinar exactamente el 30% de la renta al pago inicial de una hipoteca media, para situarse un 91,20% por encima del salario medio que perciben los y las jóvenes que están trabajando.

Reivindicaciones

Ante esta situación, el Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) reivindica la puesta en marcha inmediata de políticas que hagan posible el derecho que tienen los y las jóvenes a emanciparse para poder tener una vida autónoma sin la dependencia económica de otros miembros de la familia. Para ello, entre otras medidas, el CJC exige:

 

• La coordinación entre comunidades autónomas y el Gobierno de España para la configuración real del derecho subjetivo a la vivienda.
• Una ley que garantice el acceso a la vivienda digna y adecuada de titularidad pública, cuyo coste no supere el 30% de los ingresos netos anuales.
• Demandar a las administraciones públicas que de manera decidida creen un parque público de vivienda en diferentes fórmulas de acceso, primando el alquiler, que nunca pueda ser privatizado.
• La prohibición de la venta de suelo público dotacional o las cesiones de las nuevas urbanizaciones.
• Un parque público de vivienda en alquiler, cuyo coste no supere el 10% de los ingresos anuales por persona.
• La movilización de suelo público para la construcción de vivienda pública, a través de la utilización de la figura jurídica del derecho de superficie.
• Garantizar por parte de los poderes públicos la protección y estabilidad de los/as inquilinos/as mediante la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que garantice una mayor duración de los contratos.
• Un mayor control del proceso de la renta básica de emancipación y de otras ayudas mediante una mayor transparencia en la concesión de las mismas, y la posibilidad del conocimiento a través de Internet del estado de su tramitación.
• El fomento de la cultura del alquiler frente a la de compra.
• El control del precio del suelo libre, adaptándolo a las necesidades sociales y del entorno y del uso, y, en caso necesario, expropiándolo.
• El fomento del uso de la vivienda vacía mediante la creación de imposiciones fiscales fuertes que penen el desuso y ventajas por su puesta a disposición del mercado.
• Endurecimiento de las leyes para prevenir y luchar contra la corrupción política.
• La vigilancia por parte de las administraciones para que los procesos de construcción y rehabilitación sean sostenibles ecológicamente.
• Que todos los edificios sean accesibles y sin barreras.

 

Además, animamos a los y las jóvenes de Cantabria a reivindicar sus derechos, a no esperar que los partidos políticos vayan a resolver estos problemas por su propia iniciativa y, por tanto, a exigir al Gobierno a que cumpla con sus obligaciones, garantizando los derechos de la ciudadanía.